Cambios anunciados a la ley de transmisión

Por José Tomás Morel, gerente de estudios del Consejo Minero

El anuncio y descripción de las modificaciones a la Ley de Transmisión que ha presentado el Ministerio de Energía nos motiva a hacer algunos comentarios desde la perspectiva del Consejo Minero como gremio representante de clientes libres.

En primer lugar debe destacarse la buena disposición del Ministerio de Energía a presentar un avance del futuro cambio de ley, que sumado a talleres y consultas públicas, sitúan a esta institución entre las más transparentes y participativas al momento de embarcarse en cambios normativos.

Entrando en materia, algo que no compartimos es la priorización de la agenda regulatoria. Junto con anunciar los cambios en transmisión, el Ministerio señaló que los cambios en flexibilidad se abordarían a través de una “estrategia” de más largo aliento y que incluye el trabajo de un grupo de expertos. Postergar los cambios en flexibilidad va a significar, en concreto, que los servicios complementarios comenzarán a remunerarse el 2020 “a prorrata de los retiros”, lo que deriva en un traspaso directo a los clientes sin una señal de eficiencia a quienes causan la necesidad de contar con esos servicios complementarios. Cabe notar que hace un par de años la Comisión Nacional de Energía convocó a un debate sobre la remuneración de los servicios complementarios y el consenso técnico mayoritario apuntaba a incorporar criterios de causalidad.  De este modo, nuestra lectura de la priorización de los cambios en transmisión por sobre los de flexibilidad es que las preocupaciones de transmisores y generadores tuvieron mayor ponderación que las preocupaciones de los clientes.

Entre los cambios planteados a la transmisión, un aspecto general que nos preocupa es la idea de crear mecanismos excepcionales de conexión y expansión, por fuera de los planes anuales. Más allá del impacto material que esto pueda tener –que se desconoce–, el problema es que debilita el rol de la planificación de la transmisión como instrumento que vela por la eficiencia de las expansiones. Hay que recordar que con el estampillado prácticamente se eliminaron las señales de precio para la localización eficiente de la generación, rol que debía pasar a cumplir la planificación. Se ha dicho que la transmisión pasaría a liderar a la generación. Desde el Consejo Minero siempre hemos puesto en duda ese cambio y ahora, con la propuesta de mecanismos excepcionales de conexión y expansión, vemos que siguen confirmándose nuestras aprensiones: sin señales de precio para la localización, los generadores van a pedir conexiones y expansiones sin importar el efecto sistémico, de modo que si la autoridad accede a esas peticiones terminaremos con una red de transmisión menos eficiente, con el consiguiente mayor costo para los clientes.

Finalmente, cambios a la transmisión que no han sido parte de los anuncios y que echamos de menos son: (a) formalizar legalmente que los cargos de transmisión zonal se fijen distinguiendo por nivel de tensión y que tengan como referencia el costo de conexión directa al sistema nacional; (b) cambios de procedimiento a los planes de expansión para permitir una participación más eficaz de los interesados; (c) eliminar para los clientes la obligación de constituir empresas de transmisión de giro único cuando sus instalaciones pasan a ser calificadas como nacionales y; (d) como hemos venido señalando desde la discusión de la Ley 20.936, su artículo 25 transitorio, que regula el traspaso desde el régimen antiguo de pago de la transmisión al nuevo, no es claro –de hecho la CNE después de varios intentos desistió de su reglamentación– lo que va a derivar en conflictos cuando el Coordinador Eléctrico Nacional aplique la norma a partir de enero 2020.

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